Tribunal Constitucional y la Píldora del día Después

Esto apareció en LND hoy Domingo 21 de Enero de 2007

Léanlo

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ABOGADA LIDIA CASAS ACUSA CONFLICTO DE INTERÉS EN EL TC POR LA PÍLDORA

“Dos ministros debieron inhabilitarse”

La experta en derechos sexuales y reproductivos asegura que los integrantes del Tribunal Constitucional Raúl Bertelsen y Enrique Navarro “entregaron informes en derecho a petición de partes contrarias a la píldora”, por lo que debieron restarse de la decisión del TC que prohíbe la entrega gratuita de anticoncepción de emergencia. Además, se refiere al peso de la Iglesia en la DC y al proyecto de aborto terapéutico.

Miguel Casas

LND

Lidia Casas es una de las voces autorizadas cuando se trata de hablar de la píldora del día después y el aborto. Miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales, en su trabajo como abogada le tocó litigar ante la Corte Suprema para que aprobara la distribución del medicamento y es autora del libro “Mujeres procesadas por aborto”.

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar como inconstitucional la resolución del Ministerio de Salud para distribuir anticonceptivos de emergencia en el servicio de salud pública a mujeres mayores de 14 años sin autorización de los padres puso nuevamente en el tapete la discusión valórico-jurídica sobre la política que el Gobierno pretende implantar.

En esta entrevista, Casas analiza el fallo y la composición del TC y se pasea por los aspectos más polémicos de un tema que sigue espantando a los sectores más conservadores de la derecha, la Concertación y la Iglesia.

–La resolución del TC se refiere a la forma en que el Gobierno estableció la entrega de la píldora y no al fondo.

–La decisión del Tribunal Constitucional ni siquiera habla de la píldora. La menciona dos veces. El tribunal se refiere simplemente a la inconstitucionalidad de las normas para distribuirla en los consultorios. No habla de la píldora.

La abogada Lidia Casas arremete contra los sectores políticos que niegan a jóvenes tener acceso a la píldora, sin importarles las consecuencias del embarazo adolescente.

–¿Cuánto pesa en el fallo del Tribunal Constitucional la posición valórica de sus integrantes?

–Si uno mira su conformación, el Tribunal Constitucional es claramente conservador. Es más, los ministros del tribunal Raúl Bertelsen y Enrique Navarro debieron haberse inhabilitado de conocer esta materia desde el primer día.

–¿Por qué?

–Porque emitieron juicio y entregaron informes en derecho a petición de partes contrarias a la píldora. Entonces, usar la vía del Tribunal Constitucional es utilizar un mecanismo “seguro” del paso que yo quiera tomar.

–El Gobierno anunció que presentará un decreto supremo para la distribución de la píldora, lo que traería un nuevo requerimiento de los parlamentarios de derecha ante el TC.

–El TC tendrá que pronunciarse sobre el fondo del tema y los miembros del tribunal que no se inhabilitaron la primera vez tendrían que quedar fuera. Sería absolutamente impresentable si no lo hacen. Sería un tribunal que carecería de toda imparcialidad.

–¿Cuál es el efecto de la judicialización de la píldora?

–Hay una obstaculización de políticas públicas en salud que no permite a las personas decidir en conciencia. Porque la posibilidad de optar es súper clara para aquellos que tienen fácil acceso al mercado. Una píldora que está disponible para los sectores acomodados a siete u ocho mil pesos en la farmacia mientras que en los servicios de salud sólo está disponible para las mujeres que hayan sido agredidas sexualmente, demuestra este doble discurso. O sea, es decir: no voy a permitir que ninguna mujer en el sistema público acceda a ella, pero voy a dejar que el mercado opere respecto a aquel grupo de la población que puede siempre tener libertad porque su suficiencia económica les da esa posibilidad.

“LA DC CHANTAJEA”

–El conservadurismo no sólo recae en la derecha. La Concertación está dividida por la entrega de la píldora. ¿Qué le espera al proyecto sobre el aborto terapéutico repuesto por diputados del PPD, el Partido Radical y el PS?

–Lo que aquí hay es un intento de frenar la discusión de temas que tienen que ver con sexualidad y reproducción, que dividen profundamente la Concertación. El ejemplo más patético fue cuando el diputado Marco Enríquez-Ominami intentó presentar un proyecto de ley de aborto terapéutico y los parlamentarios de la Concertación tomaron como medida simplemente declararlo inadmisible a tramitación.

–Los tratados internacionales firmados por Chile señalan que los adolescentes tienen derechos como, por ejemplo, la salud y la confidencialidad. Si no se entrega anticoncepción de emergencia en los consultorios, ¿podría un adolescente presentar una acción judicial por “denegación del derecho a la salud”?

–Es algo que se ha pensado porque los adolescentes tienen derechos personalísimos. Los opositores a la píldora están llevando el debate a un área de argumentación falsa, porque los adolescentes en Chile han sido atendidos con la entrega de métodos anticonceptivos por muchos años y lo que ha primado todo este tiempo es el derecho a la salud y a la confidencialidad de los jóvenes. El tema de fondo es que los jóvenes que no tienen recursos deben tener un acceso adecuado a los servicios de salud. Y lo que se logra con estos obstáculos legales y culturales es que los jóvenes no se acerquen a los consultorios. El resultado es que aquellos que propugnan el derecho a la protección a la vida no están protegiendo la vida ni de los que están por nacer ni de los que ya nacieron.

–Sectores contrarios a la entrega de la píldora a adolescentes sin autorización de los padres son los mismos que lograron rebajar la responsabilidad penal a 14 años.

–Esa paradoja no lo es tanto. Si uno mira los grandes debates que ha habido en América del Norte sobre este tema, aquellos que son contrarios al aborto son los mismos que propugnan la pena de muerte. No tiene ninguna lógica, salvo la del crimen y castigo. Y esta lógica en materia de política pública de salud no sirve.

–Al conservadurismo le aterra que se rompa el statu quo.

–Los cambios en el país van en un sentido opuesto a lo que le gustaría al poder de la minoría y de grupos que en su momento actuaron de ipso; entonces, su única opción es recurrir a tribunales como una forma de mantener el statu quo. Este es un país en donde hay una minoría conservadora con un nivel de poder que ha sido muy alto y que, dado la estructura económica, de partidos y la historia de Chile, ha tenido capacidad de bloquear y censurar los temas de la discusión pública.

–¿Qué rol ha jugado la Iglesia en esta pasada?

–Ha jugado un papel central. Por decirlo de una forma un poquito ruda, basta con que la Iglesia apriete a sus fieles en la Democracia Cristiana para que ellos jueguen al interior del Gobierno el rol que desea la Iglesia. Entonces, lo que hay que hacer siempre es evitar la crisis y la DC es la que chantajea: “Si usted llegara a poner esta discusión sobre el tapete, la Concertación se rompe”. Eso no es diálogo político, es un golpe en la mesa.

–En el mundo eclesiástico hay voces disidentes. El padre Felipe Berríos, por ejemplo, criticó la existencia de “talibanes” en la Iglesia.

–Sí, hay posturas disidentes, pero hay que recordar que en la Iglesia la disidencia se paga caro. Basta ver el caso de monjas y teólogos que han sido castigados con el silencio.

ABORTO EN BLANCO Y NEGRO

–Otro argumento de los “antipíldora” es que su entrega gratuita en los consultorios es el paso previo a la legalización del aborto terapéutico.

–Es el mismo tipo de argumentación de la Iglesia sobre el divorcio: una vez que se aprueba el divorcio viene todo lo demás. En nuestro país ocupa un lugar tan simbólico hablar de estos temas que significa que vamos a perder nuestra identidad nacional. O en el caso del aborto en particular vamos a ingresar, usando el lenguaje de Jorge Reyes, a la cultura de la muerte. Esas posiciones dicotómicas blanco y negro no ayudan. El hecho de tener una Ley de Divorcio no significa que todo el mundo se divorcie. Se divorciarán aquellos que sus vidas de pareja fracasaron y que ya habían fracasado antes que existiera el divorcio. Aquellas personas que usarán anticoncepción de emergencia serán las que lo necesiten. De allí no se desprende que todas las mujeres usarán anticoncepción de emergencia.

–¿Tendrá algún destino el proyecto de aborto terapéutico?

–Puede que no lleguemos a ninguna parte, pero lo que sí es muy interesante es el proceso que hemos vivido. Este sería, si mal no recuerdo, el quinto intento de reposición de aborto terapéutico. Pero hoy estamos en un momento político ciudadano donde ya no es posible, como se hizo en la Cámara de Diputados, cerrar la posibilidad de debate. Si hemos tenido 16 años de censura o de autocensura en el caso de los diputados “progres”, esa situación ya no da para más. Uno puede partir de la premisa que un aborto es la destrucción de un proyecto vital, pero de allí no necesariamente se desprende que yo tenga que penalizar. Más bien, lo que hay que hacer es regular y reducir ese número de abortos, como una gran política de Estado. Los países que tienen mayor liberalidad respecto a sus leyes son los que menos abortos tienen. LND

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